Medidas necesarias para fiscalizar la Ley de Inclusión Laboral
En el marco de la nueva Ley de Inclusión Laboral para personas con Discapacidad, más de 250 organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) y a la Red Incluye se manifestaron preocupadas por el reglamento que regirá la normativa.
En términos generales, estas organizaciones esperan que el reglamento refleje el espíritu de la ley, para que sea una herramienta efectiva de inclusión.
Asimismo, según consigna «El Mercurio», piden al Estado que promueva la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad.
Según los últimos datos entregados por el Servicio Nacional de la Discapacidad, el 20% de la población general adulta mayor de 18 años en nuestro país posee algún tipo de discapacidad.
Sin embargo, hasta antes de la promulgación de la ley, apenas el 39,3% de estas personas se encontraban en la categoría ocupado
Los requerimientos
Algunos de los puntos que las organizaciones establecen como relevantes de considerar son que se eliminen las barreras existentes en el sector público para postular a los empleos, como el requisito mínimo de octavo básico, ya que actualmente las «escuelas especiales» no poseen equivalencia con los estudios tradicionales.
En el mismo ámbito, la propuesta pide que la condición de compatibilidad de salud para los procesos de selección del Estado no guarde relación con la condición de discapacidad del postulante.
Otra área de relevancia es la necesidad de incorporar procesos de intermediación laboral, para asegurar que las personas idóneas accedan a determinados puestos de trabajo.
Asimismo, consideran que el Estado se debe encargar de promover la obtención del Registro Nacional de la Discapacidad (RND), ya que una vez que entre en vigor la ley (en diciembre de este año) será un requisito obligatorio para la contratación y, actualmente, solo el 8% de la Región Metropolitana lo posee.
