Chile es el país OCDE que menos invierte en I+D en relación a su PIB
Con la mirada puesta en el año 2030, el Consejo Nacional de Innovación le presentará, la próxima semana, a la Presidenta Michelle Bachelet una serie de propuestas para promover la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en Chile.
Pero estos intentos por promover la I+D no son nuevos. Según el Ministerio de Economía, el gasto en este ítem aumentó un 4,4% en 2015, alcanzando los $607.408 millones, equivalente al 0,38% del PIB nacional. No obstante, dicha cifra sigue siendo muy lejana al 2,4% promedio que destinan los países de la OCDE.
Según los datos de la OCDE recopilados por Emol, Chile actualmente se encuentra en el último lugar de los países OCDE en cuanto al porcentaje de inversión según su Producto Interno Bruto, con 0,38%, y, de llevarse a cabo las propuestas del Consejo, dicha cifra podría subir a un 0,6%.
De cumplirse la expectativa, Chile superaría a México (0,5%) en el ranking y quedaría en el 30° lugar, ocupando el penúltimo puesto.
En tanto, el primer lugar de inversión en I+D en relación a su PIB lo ocupa Corea del Sur con 4,30%, seguido por Israel (4,10%), Japón (3,60%) y Finlandia (3,17%).
Talón de Aquiles de la región
Sin embargo, el tema de innovación e inversión en I+D en Latinoamérica y El Caribe viene siendo desde hace tiempo el talón de Aquiles de la región en cuanto al desarrollo. Mientras Brasil sobrepasa al resto de los países de la zona invirtiendo un 1,2% de su PIB en I+D, todo el resto de ellos no supera el 0,5%.
Otro dato que llama la atención de la situación de Chile, en comparación con el resto del mundo, es el bajo porcentaje de profesionales dedicados a la I+D. Así, por ejemplo, según la OCDE, si en Finlandia 21,45 de cada mil trabajadores se dedican a estas materias, en Chile la tasa llega solo a 2,46.
Una de las grandes características que existen entre los países latinoamericanos es que el rubro de investigación y desarrollo está financiado principalmente por los gobiernos. Mientras que, en otras regiones como Europa y Asia, un tercio del gasto corre por cuenta de instituciones de educación superior y organizaciones privadas sin fines de lucro, y un tercio por los gobiernos, en tanto que las empresas asumen otro tercio del total.
